Activistas gays reciben orden judicial para dejarse hacer un examen anal

10 mayo, 2018

Activistas gays reciben orden judicial para dejarse hacer un examen anal

Imagen tomada de Telemundo

Cinco activistas LGBT han recibido la orden de regresar a prisión para realizarse exámenes anales en Camerún.

La policía arrestó a los cinco hombres que trabajan para la fundación Avenir Jeune de l’Ouest el mes pasado, pero fueron liberados después de que su abogado argumentó que la salud mental de los detenidos estaba en peligro.

Varias organizaciones, incluido el Fondo Mundial, se unieron para conseguir que el abogado Jatan Ndongo negociara la liberación de los hombres. El personal de la organización VIH escribió en Facebook:

“La salud de nuestros compañeros se encuentra en un estado lamentable, debido al encarcelamiento”. “Podemos imaginar el daño psicológico que han sufrido después de este brutal encarcelamiento”.

Y como si el arresto por el simple hecho de ser gais fuera poco, se ordenó a los hombres someterse a exámenes anales, una técnica prohibida en todo el mundo, pero que en algunos países africanos todavía está en uso para demostrar la homosexualidad de un hombre.

Piden que se paralicen

Los exámenes anales forzados son una técnica desacreditada del siglo XIX e implica que los médicos inserten a la fuerza sus dedos y a veces otros objetos en el ano de una persona, para ‘averiguar’ si esa persona ha tenido relaciones anales.

La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (WMA) y Human Rights Watch (HRW) pidieron que se paralice la práctica. La práctica ha sido descrita como una forma de tortura por parte de las Naciones Unidas. Aunque a los cinco hombres se les ordenó someterse a los exámenes anales, Ndongo, su abogado, les dijo a sus clientes que no asistieran a los exámenes anales.

Camerún es considerado uno de los peores lugares del mundo para las personas LGBT, ya que enfrentan arrestos, violencia colectiva, asaltos, torturas y asesinatos.

Las personas condenadas por homosexualidad pueden enfrentar penas de cárcel de hasta cinco años.